Río Negro
La UnTER confirmó un paro de 48 horas para el 5 y 6 de mayo. El martes habrá movilización provincial y el miércoles actividades por localidad. Si el Gobierno no convoca a paritaria antes del 30 con oferta concreta, la medida se extenderá al 12 y 13 de mayo. El gremio reclama salario mínimo de $2 millones, incorporación del IPC Patagónico y eliminación del ítem presentismo. Hoy el básico ronda los $1.246.799 tras el último ajuste por IPC de 6%.
Santa Cruz
La situación es más tensa. ADOSAC junto a ATE y otros estatales advirtieron que la provincia está al borde de una huelga general indefinida. Hubo un acampe de 36 horas frente a la Casa de Gobierno que dejó alta tensión con las autoridades. El gobierno de Claudio Vidal respondió con un vallado perimetral, lo que los gremios interpretaron como criminalización de la protesta. Los docentes denuncian que los salarios no cubren la canasta básica y no descartan un paro por tiempo indeterminado.
Tierra del Fuego
El SUTEF se movilizó en Río Grande hacia la Legislatura y mantiene un plan de lucha con desobligaciones, movilizaciones y un acampe de al menos 10 días. El secretario general Horacio Catena advirtió que si no se trata la Ley de Financiamiento Educativo en la sesión del 30 de abril, el gremio no permitirá que haya sesión y podría endurecer las medidas con bloqueos.
El denominador común
Los tres conflictos patagónicos coinciden en salarios que no siguen a la inflación y en gobiernos provinciales que, según los gremios, incumplen acuerdos o dilatan paritarias. De fondo está la caída de fondos nacionales: las transferencias a provincias bajaron 65,65% en términos reales desde 2024, y los recursos disponibles cayeron 19%.
La educación pública en la Patagonia vuelve a quedar atrapada entre la necesidad de los docentes de no perder poder adquisitivo y las limitaciones fiscales de provincias que dependen cada vez más de recursos propios. Cuando el diálogo se rompe y la confianza se desgasta, el costo lo terminan pagando los alumnos que pierden días de clase. La pregunta que queda es si el conflicto se resuelve solo con recomposición salarial o si exige un debate más profundo sobre cómo se financia y se sostiene la educación en regiones con costos de vida más altos y menos recursos.
MM
